miércoles, 15 de marzo de 2017

El orden político en las sociedades en cambio: Análisis Venezuela.

Joelvin Villarreal.
El siglo XX venezolano da inicio con el nacimiento de una nueva concepción de lo que eran, hasta ese momento, las instituciones políticas que sostenían al estado, entre ellas; las fuerzas armadas.  Cuando se da inicio al siglo, las fuerzas armadas no estaban constituidas como cuerpo profesional, todavía actuaban como grupos montoneros al servicio de los grandes jefes caudillos que gobernaban el país, quienes concebían al estado como si de una hacienda se tratase y, en mi opinión;  era una forma relativa de feudalismo post colonial.

El proceso de modernización que impulsaría el nuevo gobierno del general Juan Vicente Gómez, de quien se dice no podía distinguir entre el erario público y su hacienda personal, no sólo logra pacificar al país, sino que lo confronta a la realidad política internacional y le obliga a reorganizar a las instituciones políticas; comenzando por la profesionalización de los cuerpos armados al servicio de la república: fuerzas armadas y policiales.

Pero la modernidad que ocupa al estado venezolano del siglo XX se va a concentrar en las grandes urbes, en especial; la capital de la república. La llegada de la industria petrolera a nuestro país trajo como consecuencia la creación de todo un sector mercantil abocado a los servicios, entre otras actividades que impulsaron una gran diáspora desde los campos venezolanos a las grandes urbes.

El vacio que se produjo entre lo urbano y lo rural impulsó cambios políticos significativos e inestabilidad en nuestra sociedad, un ejemplo de ello serán: la llamada generación del 28; los movimientos políticos que surgen tras la muerte del General Gómez; la transición de poder del sector militar al sector civil, abortada luego tras el golpe contra Rómulo Gallegos y retomada más tarde tras la caída de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez; las reivindicaciones sociales, nacimiento de los partidos políticos, voto universal, directo y secreto; conformación de gremios, y sindicatos. Pero también se produce un antagonismo entre lo rural y lo urbano cuya manifestación empírica serán los cinturones de pobreza alrededor de nuestras grandes urbes; la modernidad de caracas, por ejemplo, contrasta con la miseria y el atraso de la goajira. 

La actuación del gobierno, antes autoritario, va ir de alguna manera humanizándose a medida que se democratiza y, tomará  en cuenta los aspectos sociales a través de su preocupación y posterior ocupación en torno a grandes programas destinados a la salud, educación, entre otros no menos importantes que contribuyen a la integración de la sociedad a los grandes cambios del modernismo. Aunque este proceso de integración será cada vez más difícil a medida que las demandas sociales en las urbes crece de forma desordenada.

Tras el advenimiento de la democracia la segunda parte del  siglo XX venezolano va a traer consigo grandes movimientos políticos de marcada diferencia entre lo urbano y lo rural: mientras en la ciudad se desarrolla el pacto de punto fijo, la incapacidad de los grandes partidos en integrar a los campesinos de forma efectiva a la dinámica política de aquellos años dio como resultado que en los campos apareciesen los movimientos subversivos de tilde revolucionarios, cuyos cabecillas y principales impulsores eran intelectuales de izquierda radical descontentos con el sistema político imperante, de izquierda menos radical.

Todo este proceso modernizador  que arranca a inicios del siglo XX en Venezuela, va a culminar a finales de siglo con grandes AVANCES EN LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, E INSTITUCIONES pero, acompañados de una fuerte INESTABILIDAD DEL SISTEMA POLÍTICO; el caracazo, los intentos de golpe de estado, la destitución de Carlos Andrés Pérez, la recesión económica del 90: todo ello desencadenó el inicio de un proceso transitorio de la democracia hacia el pretorianismo, el cual, inaugura el siglo XXI.

Desde 1999 hasta la presente fecha, el gobierno del ex presidente Chávez y ahora su sucesor el presidente Maduro, han dado inicio a un proceso de carácter revolucionario, el cual, se sustentó en la constitución de 1999 y su posterior reforma pero que ahora tiene como base fundamental el denominado “plan de la patria”, este último en riña directa con la constitución del 99, por ejemplo en el aspecto económico. Desde sus inicios, la revolución bolivariana se proyectó en razón de la destrucción sistemática de las instituciones políticas republicanas, estas últimas para ser reemplazadas por nuevas instituciones socialistas. A raíz de este proceso las instituciones políticas se fueron debilitando a medida que las fuerzas sociales fueron tomando cada vez más auge; en la sociedad venezolana actual existe: una marcada ausencia de obligaciones y deberes cívicos; hay carencias de autoridad y disciplina, además; no existe consenso sino, polarización.

El gobierno “Chavista” tal vez es un modelo inclasificable que, surgido de la democracia, ha estimulado el autoritarismo de sus gobernantes y ha terminado transformando la nueva democracia “protagónica y participativa” en un modelo antidemocrático, totalitario. Los partidos políticos venezolanos están hoy día seriamente cuestionados por la sociedad política, la debilidad de los partidos políticos opositores frente al autoritarismo revolucionario hace de la Venezuela del siglo XXI un estado políticamente inestable.  

Venezuela en el siglo XXI carece de instituciones que la hagan políticamente estable. Las instituciones políticas republicanas han sido diezmadas unas, y desaparecido otras; la fuerza armada, como institución, es un ejemplo de todo ello. 

La antigüedad hace únicas a las instituciones políticas norteamericanas, esto ocurre porque en los estados unidos el gobierno se somete a la ley fundamental (constitución) como la fuente de la autoridad y la limitación de la acción humana; la autoridad allí está dispersa en varias instituciones. En Venezuela ha ocurrido lo contrario, al igual que en la Europa del siglo XVII; el estado ha reemplazado el concepto de ley como fuente de la autoridad política. Como la constitución socialista del 99 ya no es suficiente para los planes revolucionarios, esta ha sido reemplazada por el plan de la patria, es decir; el estado por encima de la ley fundamental: todas las instituciones del estado venezolano trabajan en función de las metas trazadas por el plan de la patria.

No es primera vez que ocurre este hecho en Venezuela, durante el periodo en el cual estuvo en vigencia la constitución del 61, los partidos políticos y gobiernos de Venezuela actuaron al margen de las garantías económicas establecidas en dicho texto fundamental: el estado en nombre del bien social, suspendió las garantías económicas indefinidamente.
 
Como si de un ciclo se tratara, el siglo XXI ha comenzado de forma similar al siglo XX: nació con una nueva concepción de lo que hasta entonces eran las instituciones políticas que sostenían al estado, pero estas, en lugar de evolucionar, sufrieron un grave retroceso: la nueva concepción institucional, también dirigida por un militar, y bautizada como socialismo del siglo XXI; es tan solo una exacerbación de los mayores fracasos históricos de nuestro país y de otras experiencias similares en el mundo, por ejemplo la unión de repúblicas socialistas del soviet –comuna en ruso- (URSS).

La inestabilidad política actual, y la débil institucionalidad en la cual se sostiene el estado venezolano podría transformarse en una oportunidad única en nuestra historia: si una o varias fuerzas político-sociales logran estructurar un gran movimiento nacional de suficiente fuerza moral, e intelectual pudiesen plantear, a modo de presión, una transformación profunda del sistema político; capaz de confrontarlo nuevamente con la realidad internacional y obligando una reorganización de todas las instituciones que lo conforman.

Venezuela necesita la constitución de un estado sometido a la ley, una economía de mercado, y una real representatividad político-electoral.

Lo económico es una consecuencia de lo político. Debemos organizar las instituciones políticas necesarias para obtener la realidad económica que deseamos. 

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